Los riesgos de una gestión deficiente del cannabis en una asociación son altos.


Aunque los clubes sociales de cannabis están amparados por el derecho de asociación y el autoconsumo colectivo, la falta de control documental puede hacer que la autoridad interprete la actividad como tráfico de drogas, lo que conlleva penas de prisión y cierre del local.

Si la asociación no puede acreditar con actas claras quién es el propietario del cannabis, de dónde procede y para qué se usa, la policía o la fiscalía pueden presumir que existe un fin comercial o de distribución.
El hecho de no tener ánimo de lucro no basta: hay que demostrarlo mediante registros y contabilidad coherente.

Los errores más comunes que acaban en sanciones o procesos judiciales son:

  • Falta de actas actualizadas.

  • Exceso de cantidad almacenada sin justificación.

  • Cultivos no documentados o sin asignación a socios.

  • Ingresos y gastos sin correspondencia contable.

  • Publicidad o captación pública de nuevos socios.

Además de las consecuencias penales, la mala gestión puede acarrear la pérdida de credibilidad, la expulsión del registro de asociaciones o la inhabilitación de los responsables.

La solución pasa por llevar una gestión rigurosa, con asesoramiento jurídico especializado, y mantener siempre la documentación accesible y actualizada.
Un club que demuestra control, trazabilidad y transparencia no solo es más seguro legalmente, sino que transmite confianza a las autoridades y a sus propios socios.